VERDADES CALIENTES.

Transmisión en vivo y directo del Canal 100% Noticias Alianza estratégica con EL NUEVO DIARIO para la cobertura noticiosa del proceso de sufragio y escrutinio de las Elecciones Nacionales 2011.

Broadcasting live with UstreamLIC:RENE DAVILA / 041111

A pocos días de las elecciones los ciudadanos de diferentes lugares del país continúan exigiendo sus cédulas y siguen siendo agredidos verbal y físicamente. ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas que el CSE hizo de hacer efectiva la entrega de cédulas? 
La preocupación que se refleja en miles de nicaragüenses no es solo porque no podrán ejercer su derecho al sufragio, sino, porque no pueden hacer ninguna gestión personal por falta de dicho documento. Luchar por obtener su documento de identidad es lo que hacen miles de ciudadanos, la cual no debería ser una lucha, porque es un documento que por derecho les pertenece. Si realmente el CSE supiera el concepto de respeto no impediría el proceso de entrega de esos documentos que están engavetados. 

“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo Benito Juárez. ¿Será que pueda haber paz en el corazón de los miembros de CSE, cuando la posición que muestran es violar e irrespetar el derecho de los ciudadanos? La actitud negativa del CSE lo único que está provocando es violencia y rechazo total de los nicaragüenses hacia los funcionarios de facto. ¿De qué manera puede ponerle fin el CSE a las protestas que hacen los ciudadanos para obtener su documento? Sencillo, que les entregue las cédulas. Cada día esta situación se torna más crítica e intolerable, porque ahora quienes le quitaron el puesto a los funcionarios de facto del CSE, son los miembros del CPC quienes se atribuyen el derecho de entregar cédulas solamente a los que tienen una ideología política sandinista y niegan el derecho a los que se unen a la democracia . 

Unamos nuestras voces y luchemos por ganar la batalla porque cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale algo, dijo Robert Browning. 
osirismelisa /281011

Nicaragua está inmersa en el ambiente producido por la cercanía de las elecciones el próximo 6 de noviembre, fecha en que el país deberá elegir al presidente y vicepresidente de la República y a los diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano.

Es obvio que tratándose de una decisión de tal trascendencia, la vida nacional se vea influida por el tema electoral en muchas de sus expresiones; sin embargo, las anomalías que afectan al proceso, en particular, y a la situación institucional, en general, hacen que lo que debía ser una actitud colectiva natural, aunque envolvente, se vea oscurecida por las sombras que tal circunstancia produce.

Son muchas las irregularidades que crea ese clima de desconfianza e incertidumbre. La inconstitucionalidad de la candidatura del presidente de la República; la emisión de decretos presidenciales que violan la Constitución; la continuidad en sus funciones de magistrados con período vencido; la conformación de facto del Consejo Supremo Electoral; la rehabilitación de un artículo transitorio de la Constitución cuya vigencia se ha extinguido desde hace muchos años; la incapacidad de la oposición para hacer frente en el parlamento, a pesar de ser mayoría, a estas anomalías y de presentar unidos un proyecto estratégico; la utilización de las instituciones del Estado con fines políticos y la confusión Estado partido, entre otras.

Todo esto produce desconfianza e incertidumbre sobre los hechos políticos inmediatos, pero denota, además, profundas deficiencias culturales y estructurales en lo que se refiere a la teoría y práctica de la política en nuestra realidad.

La política ha sido definida como un arte. El arte del bien común la llamaron los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles hace aproximadamente 2,500 años y los teólogos y filósofos de la Edad Media y el Renacimiento. El arte del poder le llamó Maquiavelo en 1513 en El Príncipe. El arte de los límites le han llamado escritores contemporáneos.

El fin del poder como ejercicio de la política es el bien común y su actuación es legítima cuando está de acuerdo con la Constitución y las leyes. En este orden de ideas se podría decir que la política es el arte de la legitimidad. El intento permanente de conciliar y equilibrar el poder y la justicia, el interés individual y el interés social, evitando, por una parte la fragmentación y desarticulación; y por la otra, el absolutismo del Estado, el partido o el mercado.

La crisis de la política en nuestro país se expresa, sobre todo, en la separación entre los intereses de la clase política, absorbida principalmente por el tema del poder, y las necesidades reales de la población. Nicaragua es una pirámide cuyo vértice, el vértice político, está desagregado del cuerpo de la misma, y este, a su vez, está dividido en compartimientos estancos.

Lo que se denomina el cuerpo social está desarticulado en una serie de estamentos que únicamente responden a sus propósitos específicos y sectoriales, sin relación entre sí ni integración a los objetivos generales de la nación. En estas condiciones, el país es un archipiélago de intereses inconexos sin un objetivo común que dé sentido nacional a los intereses particulares y haga posible la Unidad en la Diversidad.

Una crisis es algo que requiere atención y solución. La palabra crisis viene del griego krinein que significa selección y decisión. ¿Qué decisión debemos tomar hoy en Nicaragua? Creo que inevitablemente la búsqueda de una opción que garantice la democracia, la institucionalidad y la alternabilidad en el poder, y que, por lo mismo, excluya la autocracia, que tanto daño ha causado al país. Pero también, es imperativo construir, en el momento oportuno, que debería ser muy pronto, una propuesta estratégica, un Contrato Social que sustente un nuevo proyecto de país. Hay momentos en la historia de los pueblos en que estos acuerdos se vuelven imprescindibles para construir o reconstruir el tejido nacional y restaurar la fractura de una sociedad fragmentada.

Cuando falta el acuerdo comunitario, que es el punto de convergencia de los intereses diversos, la sociedad desaparece sustituida por la anarquía y la violencia, o por el poder de una persona o de un grupo social, económico o político que impone su voluntad a los demás. Es el poder totalitario que excluye el verdadero sentido de autoridad.

La situación que vivimos exige respuestas apropiadas. No podemos seguir dando viejas respuestas a viejas preguntas. Necesitamos, como dice Octavio Paz, nuevas respuestas a las viejas preguntas, y sobre todo, diría yo, nuevas respuestas a las nuevas preguntas.

La respuesta a las preguntas sin responder y a las nuevas que pueden surgir, exige fortalecer el sistema legal e institucional de límites al poder, y establecer políticas estratégicas en el orden social, económico e institucional, principalmente en el ámbito del empleo, la educación, la vivienda y la salud. Las instituciones deben integrar y expresar esta voluntad social y facilitar su ejercicio. De ahí deriva su justificación y su legitimidad. Las instituciones deben ser vasos comunicantes que hagan posible la capilaridad y permitan, a través de ella, que la voluntad colectiva pueda expresarse e irrigar a todo el cuerpo social.

El Estado debe ser ciudadanía en ejercicio, de ella proviene, a ella integra y en ella está integrado. El tejido legal debe estar al servicio de la idea de la descentralización que conlleva tanto la desconcentración del poder mediante la transferencia de funciones y recursos a los poderes locales, municipales y departamentales, como el cuidadoso diseño, legalmente respaldado, de los mecanismos fluidos y flexibles de participación ciudadana.

Para nuestro país sigue en agenda, junto al reto de la desconcentración del poder, el de la integración entre legalidad y legitimidad, libertad y justicia, institucionalidad y desarrollo social, pues mediante la activación de ese doble mecanismo, de descentralización, por una parte, e integración, por la otra, se podría superar la dicotomía creada y manipulada ideológicamente, entre democracia representativa y democracia participativa, dando paso a una práctica unitaria en la que se realice su verdadero concepto, sentido y naturaleza.
referencia.alejandro serrano / OSIRISMELISA

Como todas las decisiones que adopta la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tienen implicaciones políticas, la última palabra sobre si inhiben o no a última hora a los candidatos de la Alianza PLI, no recae sobre los magistrados sino que está en manos del Presidente y candidato a la reelección Daniel Ortega. Se trata de una decisión política, no jurídica, y en un país donde no existe el estado de derecho, el gobernante autoritario es quien sopesa los costos o las ventajas políticas que le podría traer una decisión de este calibre.

Así ocurrió con la sentencia que le abrió el camino atropelladamente a la reelección, aquella truculenta conspiración en la que se decretó “inconstitucional” la Constitución de la República, reformando por las vías de hecho el artículo 147 Cn. Entonces Ortega sabía los riesgos en que incurría y los costos políticos que representaba semejante aberración jurídica. Pero no le tembló el pulso a la hora de someter a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Supremo electoral a un desgaste extremo, en aras de su reelección.

El siguiente paso en su estrategia fue intentar recuperar la legitimidad perdida. A regañadientes, se acreditó a las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea a participar como “acompañantes”, en condiciones a las que no quiso someterse el Centro Carter. Y eso es precisamente lo que está en juego en el caso de las inhibiciones: la observación electoral internacional. De la decisión que adopte Ortega dependerá que se mantengan o desaparezcan las condiciones mínimas para la observación electoral internacional, que es lo único que podría darle alguna credibilidad internacional al resultado electoral de un proceso que ha estado plagado de ilegalidades desde el inicio.

El Libro Blanco que ya está preparado sobre las irregularidades del proceso electoral ha sido ampliamente documentado desde mucho antes de la elección del seis de noviembre. Empezando por la candidatura ilegal de Ortega; la invitación tardía a la OEA y la Unión Europea a observar; el bloqueo arbitrario a las organizaciones nacionales como Etica y Transparencia, IPADE y Hagamos Democracia; las evidencias sobre la cedulación partidaria y los obstáculos a la población para obtener su documento de identidad; el control absoluto que el FSLN ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral y todas sus estructuras, hasta las propias Juntas Receptoras de Votos; al abuso con los recursos del estado y la propaganda partidaria en las instituciones públicas; las violaciones a la ley electoral a la vista y paciencia de un Fiscal Electoral que merece un monumento al cinismo político; pero si por encima de todo esto se impusiera ahora un zarpazo para descabezar a la alianza política que ocupa el segundo lugar en todas las encuestas, es de suponerse que en esas circunstancias, ya no tendría ningún sentido la observación electoral internacional.

Las elecciones requieren un mínimo de certidumbre sobre las reglas del juego que permitan una competencia electoral creíble en condiciones aceptables. ¿Cómo podría el candidato Ortega justificar ante el mundo la inhibición de 50 candidatos a diputados de la principal fuerza política opositora, a menos de tres semanas de la elección, después de que éstos ya fueron debidamente inscritos por el CSE? ¿Cómo podría explicar el eventual retiro de la fórmula presidencial de la alianza PLI-UNE Gadea-Jarquín, en protesta por las inhibiciones? ¿Qué legitimidad nacional e internacional tendría un futuro gobierno de Ortega elegido en unos comicios sin competencia, sin una oposición verdadera y sin observación internacional?

De manera que Ortega debe decidir si quiere o no la observación internacional, para que las elecciones se sometan a un escrutinio imparcial y tengan algún viso de legitimidad. El sentido común de la racionalidad política, y lo que algunos de sus consejeros le están recomendando a Ortega, indica que no caerá la guillotina sobre las cabezas de los candidatos del PLI-UNE la próxima semana. Pero la persistencia del pactismo PLC-FSLN sugiere que la decisión final sobre este asunto podría ser engavetada en el limbo político-jurídico, para pasar facturas a los diputados que resulten electos, y ajustar así a posteriori la correlación de fuerzas legislativa. Para Ortega, esta salida puede representar el menor costo político; pero una inhibición a medias siempre será una inhibición de facto.

Por eso los partidarios de la alianza PLI-UNE, no deberían apostar a la presión internacional como su tabla de salvación en estos momentos de incertidumbre. Con esa lógica errónea actuaron los líderes de la alianza PLC-Vamos con Eduardo en el 2008 cuando desmovilizaron al pueblo después del fraude electoral municipal, y al final, a pesar de la presión internacional, incluidas sanciones como la suspensión de la Cuenta del Milenio y la ayuda presupuestaria, se impuso el fraude y la represión, desembocando en una crisis permanente de la oposición, mientras el pueblo pasó de la indignación a la resignación.

Es hora de aprender la lección del 2008: lo único que puede garantizar el surgimiento de una verdadera alternativa opositora creíble ante los ojos del electorado, que pueda desafiar el poder del orteguismo, es la protesta y la movilización popular. Esto también entraña altos costos y riesgos para los líderes opositores, pero no tienen otra alternativa. Sólo una fuerza política que haga respetar a sus candidatos hoy, organizando una férrea defensa del voto, y mañana, si resultaran electos, puede sembrar la semilla de una solución del problema nacional a mediano plazo. 
Referencia:Confidencial

Las elecciones del próximo 6 de noviembre son cruciales para el futuro del país. Nuestro destino, y el de nuestros hijos y nietos, se juega en estas elecciones, pues de ellas depende que se consolide una dictadura familiar, en varios aspectos semejante a la que nos impusieron por más de cuarenta años los Somozas, o que el voto ciudadano haga que triunfen la democracia y el cambio, que es la aspiración de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense.
Todo lo que habíamos avanzado, a partir de 1990, en gobernabilidad, institucionalidad democrática y desarrollo económico, comenzó a retroceder a partir del 2007. No solo se perdió la independencia de los Poderes del Estado, sino que su partidarización y sometimiento a la voluntad del Ejecutivo ha llegado a niveles sin precedentes en nuestra historia. En las condiciones que recibió el gobierno el actual presidente de la República, en los años siguientes el crecimiento económico debió ser superior al 5%, en vez de mantenerse en un mediocre 3.4% como promedio en los últimos cuatro años. El incremento del P.I.B ha sido, en su mayor parte, debido al buen precio internacional de nuestros principales productos de exportación y al esfuerzo del sector privado. El combate a la pobreza se ha reducido a una serie de programas sociales de corte asistencialista y clientelista, que no atacan las causas estructurales de la misma. El irrespeto a la Constitución y las leyes ha estado a la orden del día.
Hay que acudir a las urnas electorales con plena conciencia de lo que significa nuestro voto y sus consecuencias para el país. Para eso, es preciso informarse, reflexionar y luego proceder a votar sin miedo. Si actuamos como ciudadanos responsables y con espíritu patriótico, no podemos inclinar nuestro voto hacia un determinado candidato simplemente porque recibimos unas cuantas láminas de zinc, unas gallinas o una vaquita. Estemos claros que quien las entregó es el Estado y no la bolsa del gobernante. En consecuencia, no hay razón para comprometer el voto por el beneficio que nos hayan reportado esos programas, que deberían existir sin sesgo partidario. El voto debe ser absolutamente libre, tal como lo ordena nuestra Constitución Política.
Existe, en la conciencia colectiva, un claro deseo de cambio, de aprovechar estas elecciones para darle un golpe de timón al rumbo del país. Y esto lo podemos lograr, cívica y democráticamente, asistiendo masivamente el 6 de noviembre a votar por una alternativa que consideremos capaz de derrotar el continuismo inconstitucional orteguista y que, además, por la trayectoria de los integrantes de su fórmula presidencial, nos asegure que no habrá más corrupción ni autoritarismo ni irrespeto a la Constitución y las leyes de la República. Este sería un verdadero voto útil, a pesar de los intentos de dividir el voto democrático.
Comparemos las propuestas de planes de gobierno presentadas por los candidatos y optemos por aquel que sea más serio, que no esté teñido de demagogia populista, y que tampoco represente una venta de ilusiones, como pensar que a corto plazo se pueda generar un millón de empleos.
Veámos qué ofrecen esos planes para combatir la pobreza a fondo y generar trabajos productivos, cuál es el compromiso con la educación, la salud, la cultura, la infraestructura y la recuperación de la institucionalidad democrática, etc… Examinemos con cuidado si se nos está ofreciendo más de lo mismo o el verdadero cambio que tanto necesitamos; si la voluntad sigue siendo la de gobernar exclusivamente para los miembros de un partido y sus simpatizantes, o si realmente el compromiso es ofrecer un gobierno donde no se va a discriminar a nadie por su ideología o vinculación partidaria para que reciba los beneficios de los programas sociales del Estado.
Nicaragua, por un buen tiempo, va a necesitar la cooperación de países amigos. Veamos, entonces, cuál de los candidatos está en mejores posibilidades de conseguir esa cooperación, que en gran parte perdimos por el fraude electoral en las elecciones municipales del 2008. Quien de ellos nos garantiza que los ingresos del acuerdo petrolero con Venezuela van a revertirse realmente en beneficio del pueblo, vía presupuesto, y no continuarán, como hasta ahora privatizados y manejados discrecionalmente por la familia presidencial. Analicemos también quién puede garantizar la recuperación de la institucionalidad y el Estado de Derecho, que estimule la inversión extranjera que genere los empleos que tanto necesitamos.
Es cierto que el proceso electoral está siendo conducido por un Consejo Electoral de facto, que inscribió, por razones políticas y no jurídicas, la candidatura inconstitucional e ilegítima del actual presidente de la República; que ha promovido una cedulación ciudadana deficiente y sesgada; que distribuyó, entre los partidos, los nombramientos de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos sin respetar la proporcionalidad que contempla la Ley Electoral, y que se ha negado a acreditar a los organismos de observación electoral nacional más reconocidos.
Con todo y eso, la peor decisión es no votar o anular el voto, porque entonces le dejamos el campo libre al orteguismo. Por mandato de la Constitución tiene que haber elecciones el 6 de noviembre próximo. Hagamos de ellas la gran oportunidad de superar la tremenda crisis en que nos tiene sumergidos el gobierno actual, por medio del instrumento cívico y civilizado del voto.

osirismelisa

SOCIALISMO
Tienes 2 vacas... pero el Estado te ordena regalarle una a tu vecino. 

COMUNISMO
Tienes 2 vacas. El estado te las quita y te regala la leche. 

FASCISMO
Tienes 2 vacas. El estado te las quita y te vende la leche. 

NAZISMO
Tienes 2 vacas. El estado te las quita y te fusila. 

CAPITALISMO TRADICIONAL
Tienes 2 vacas. Vendes una y con el dinero compras un toro. Tu rebaño se multiplica y la economía crece.

CORPORACIÓN EE.UU
Tienes 2 vacas. Vendes una y obligas a la otra a producir la leche de 4 vacas. Después contratas a un experto para analizar por qué la vaca cayó muerta

CORPORACIÓN MEXICANA CONTEMPORANEA
Tienes 2 vacas. Las matas e invitas a tus amigos a una parrillada de la p..... madre y te quedas sin vacas y sin futuro, pero la "fiesta" nadie te la quita.

SOCIALISMO ORTEGUISTA. Te da las dos vacas la vendes y le garantizas el voto, y seguis siendo pobre.

LIC:RENE DAVILA / 231011